Lo hice porque creo que en las últimas elecciones reaparecieron
con fuerza, algunas de las prácticas de fraude más denigrantes, tanto a nivel
nacional como en algunas provincias. Estos delitos son de una gravedad extrema,
pues atentan directamente contra el corazón de la democracia, que tanto
esfuerzo nos ha costado retomar en nuestro país: la expresión de la voluntad
popular a través del voto.
El proyecto incorpora
como delitos las conductas de quien presione a los electores a votar
en determinado sentido, o bien, pretenda inducir su
voto a cambio de la entrega de dádivas o promesas de dinero o cargos, o la
prestación de un servicio público.
Lo más indignante es
que muchas veces se recurre a
estas prácticas aprovechándose del estado de necesidad de los votantes. Un claro ejemplo de
ello sucedió durante las últimas
elecciones en la provincia de Tucumán, donde la prensa local denunció innumerables situaciones irregulares de entrega de bolsones de
alimentos y otros productos para captar los votos de ciertos sectores de la
ciudadanía
En el proyecto incorporo
una figura agravada para el caso que los intervinientes en algunas de las
acciones delictivas fueran funcionarios o empleados públicos.
Buenos Aires, octubre 18 de
2011.
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